La ley de “START UP” ya está aquí.

Acaba de entrar en vigor en España la Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como Ley de Start up, que constituye un paso importante tanto para los emprendedores como para los inversores.

Como siempre, antes de su puesta en marcha ya hay voces que la consideraban la más avanzada de Europa y la mejor, y obviamente también los que opinaban justo lo contrario. Probablemente ambos extremos tendrán algo de razón, pero lo que tiene valor de verdad, es que, por fin, tenemos algo que centra y define lo que es una “start up”, y le da cobertura legal, beneficios fiscales y abre nuevas vías de financiación, y eso es … muy bueno.

No obstante, la definición que la Ley hace de lo que es una “start up”, a mí personalmente no me satisface al completo, pues creo que siembra dudas sobre qué se puede considerar una startup o no. Además de los requisitos que se indican en el enunciado de la Ley: antigüedad máxima, no cotizar en bolsa, no reparto de dividendos, límite de volumen de negocio, independientes de otras empresas, carácter innovador y escalable, depende en última instancia de que se consiga la certificación que habrá de emitir ENISA (y que puede tardar hasta 3 meses).

Como simple exposición, algunos de los criterios que serán valorados por ENISA para emitir certificación favorable son: grado de innovación; si han recibido financiación pública; porcentaje de I+D+I sobre gastos totales los últimos dos ejercicios; grado de atractivo del mercado; fase de vida de la empresa (PMV); modelo de negocio, teniendo en cuenta escabilidad, usuarios, operaciones, facturación anual, etc; competencia; equipo fundacional; dependencia de proveedores y contratos que suscriban; clientes o usuarios (volumen).

Porque si bien en el texto del proyecto de Ley se habla de emprendedores, empresas emergentes, microempresas, pequeñas y medianas empresas, cuando llegamos a los criterios que valorará ENISA para conseguir la certificación, parece que queda claro que será para las tecnológicas principalmente, lo cual no me parece mal, pero sí del todo insuficiente.

Insuficiente porque en España existe una enorme cantidad de emprendedores, de todas las edades, niveles educativos, experiencias, sectores, … y hubiese sido una gran idea darle a esta Ley una mayor amplitud para que diera cobertura a más candidatos.

De hecho, los últimos datos, dan un total cercano a 25.000 las “start up” vivas, cifra que comparada con los más de 1.100.000 microempresas existentes en España (con ocupación media de 3 personas) dan una relevancia en el impacto económico real muy limitado.

Entiendo que políticamente es importante dar esta imagen interna, especialmente por la apuesta estratégica de España Nación Emprendedora, pero con énfasis también a nivel internacional, porque lo que pretendemos es evitar tanto que el talento propio se vaya del país, como captar talento internacional, aumentar el nivel tecnológico de nuestra producción, facilitar el acceso a inversores nacionales y extranjeros (estableciendo una serie de medidas fiscales amplias en distintos ámbitos), en definitiva, conseguir ser un polo de atracción para el ecosistema emprendedor internacional . Pero no es menos cierto, que también tendríamos que procurar dar alguna alegría a los millones de empresas y autónomos que siguen el día a día del país con su trabajo y esfuerzo, sin tanta tecnología, digitalización, conocimiento o talento.

Porque hay una percepción que se traslada y esta impregnando al mundo emprendedor desde hace años que es la inmediatez. En poco tiempo se pone en marcha la empresa, pero a partir de eso, crecer, escalar, vender a todo el mundo es relativamente sencillo, y la financiación no es ningún problema: hacemos una o dos o tres rondas de financiación y ya está, es decir en tres años seremos unicornios y nos compraran la “start up” y “a disfrutar”, y lamentablemente eso … no es cierto.

No es verdad, porque para que una empresa tenga valor, requiere tiempo, hay que dedicar muchas horas, trabajo, sacrificio, hacer frente a problemas de todo tipo, para llegar a conseguir ganar dinero, y en cuanto a la financiación no es fácil, nunca lo ha sido, y nunca lo será, por mucho que ahora pueda haber más puertas a las que llamar.

Personalmente me hubiese parecido interesante que la nueva Ley de startup tuviese en cuenta tres aspectos:

1º facilitar de alguna manera el acceso a todo el mundo emprendedor de conocimientos básicos sobre finanzas y gestión de recursos, para permitirles poder gestionar y dirigir una empresa al menos en sus aspectos globales

2º favorecer la adquisición de conocimientos sobre las diferentes formas de financiación y de los actores financieros que las gestionan, entre otras cosas, porque la financiación es el segundo motivo por el que las empresas fracasan

y 3º que se facilitara por medio de un Convenio global con el gremio de gestorías administrativas de España o similar, un acuerdo por el que las “start up” pudiesen acudir a sus asociados, con costes preestablecidos y razonables, y que, a través de ello, les ofrezcan la tranquilidad de no tener que preocuparse por los “papeles” y centrarse solo en el desarrollo del objetivo de su empresa.

Espero y deseo que el próximo año 2023 sea mejor en muchos aspectos, en especial a nivel financiero y económico.